Internet libre

La neutralidad de red requiere de una ley en nuestro país.

Frente a la evolución que ha tenido Internet desde su creación hasta nuestros días, con su significativo impacto en gran parte de los ámbitos de las relaciones humanas, deviene conveniente la inclusión de la neutralidad de red como una garantía para la protección de los usuarios, frente a nuevas amenazas que puedan afectar los logros del estado de desarrollo actual y futuro de Internet.

En la actualidad, en lo que hace a usuarios de internet, nuestro país cuenta con una penetración de prácticamente un 64 % sobre el total de la población, siendo la contribución de Internet al Producto Bruto Interno de un 2,2 %.

Además del positivo impacto económico de Internet, los usuarios obtienen una utilidad social significativa de la red, al tener la posibilidad de participar en temas sociales de su interés y conectarse con grupos y comunidades cívicas afines.

Entre las funciones primordiales de las cuales pueden beneficiarse los usuarios se encuentra la posibilidad de expresarse y mantenerse informados, o dicho de otra manera el derecho a acceder a la información a temas de interés cívico y bienestar comunitario en forma libre.

Asimismo, los beneficios no sólo son aprovechados por los usuarios sino también por los no usuarios, por ejemplo al facilitarse la transparencia en cuanto a la difusión de la información pública que debe ponerse a disposición de la ciudadanía por los funcionarios públicos en cumplimiento de su función básica de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Es mandatario el rol de los gobiernos para garantizar un acceso generalizado y sin restricciones a Internet. La formulación de políticas que respaldan la competencia y la transparencia en el entorno digital servirán de base para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de libertad de expresión, que comprende el mentado derecho al acceso a la información.

Resulta prioritario que la Argentina se enrole dentro del grupo de países protectores de la libertad en Internet, y la sanción de una ley nos colocaría como un país de avanzada en la protección de las referidas garantías constitucionales en el entorno digital.

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